Los riesgos de la electoralización de la gestión pública y de la judicialización de la política en tiempos electorales

por Opinión

Vivimos momentos críticos en Mendoza. La situación económica y social se agrava día a día como consecuencia de las decisiones gubernamentales que extienden el ajuste […]

Guillermo Carmona - Diputado Nacional - Presidente Partido Justicialista de Mendoza

Vivimos momentos críticos en Mendoza. La situación económica y social se agrava día a día como consecuencia de las decisiones gubernamentales que extienden el ajuste a la mayoría de nuestra sociedad y con las sistemáticas omisiones del gobierno provincial en el necesario acompañamiento a los amplios sectores de la producción y el trabajo que padecen una crisis cuyo fin no se avizora.

En ese contexto, se acrecienta en el oficialismo un preocupante fenómeno de disociación de la realidad: por un lado la que vive la amplia mayoría de la sociedad y, por otro, la de la política que no parece registrar que el pueblo de Mendoza la está pasando mal. Esta disociación lleva a que el oficialismo, demostrando una enorme distancia con la crisis que padece la mayoría de nuestros comprovincianos, se haya abocado con frenesí al más desembozado electoralismo, en lugar de hacerse cargo de resolver los múltiples y crecientes problemas que padecemos  a través de la gestión de la cosa pública que el pueblo de Mendoza le encomendó al gobernador Cornejo.

Si bien la electoralización de la gestión es un fenómeno que no es exclusivo del actual gobierno provincial, debe tenerse en cuenta que las presentes circunstancias económicas y sociales la tornan en una suerte de acto impudoroso frente a los padecimientos de los mendocinos y mendocinas que no llegan a fin de mes con sus ingresos, que sufren tarifazos que nunca terminan, que tienen que recurrir a endeudamientos con tarjetas de créditos que cada vez se hacen más difíciles de pagar, que ven como la inflación más alta del país siempre derrota por goleada a los exiguos aumentos salariales… Resulta impudoroso que el ministro responsable del área que aplicó el tarifazo en el boleto de los colectivos, de la falta de asistencia a los productores que no dan más, y  de tantos otros desmanes que sufre nuestra gente esté dedicado a mostrarse como el sucesor del actual gobernador y a simular con juegos de artificio que se ocupa de los “grandes temas de Mendoza”.

Hay que decirlo con todas las letras: el gobernador y su delfín pretendieron engañarnos a todos y todas con la supuesta licitación de Portezuelo del Viento (sin PPP, sin partidas presupuestarias, sin llamado a licitación no hay licitación posible, lo hemos dicho y lo diremos hasta el cansancio) en lo que fue diseñado como el gran lanzamiento de la campaña electoral del ministro-candidato, acto que constituyó uno de los más lamentables papelones de nuestra vida democrática.

Y lo mismo pasa con la mayoría de los anuncios de las obras de infraestructura en la provincia y con los actos de ilusionismo respecto de una reactivación económica provincial que se anuncia desde el primer día del gobierno de Cornejo y que nunca llega.

Cae la producción hidrocarburífera, muere la fruticultura, padecen los productores vitivinícolas y frutícolas, se cierran comercios, crece la desocupación pero la fiesta electoralista sigue. La promesa de Cornejo y de sus candidatos de hacer la “revolución de los sencillo” ha derivado en una insustancial revolución de lo superfluo.

Mientras el pueblo dice basta a los tarifazos, pide actividad económica e implora por trabajo, otro de los oficialistas aspirantes a la gobernación promete la “revolución de las veredas” para la ciudad que gobierna, ciudad que no exhibe pobres no porque no los tenga sino porque cualquiera que parezca serlo o lo demuestre ser intentando ganarse la vida en la calle está destinado a la también “revolucionaria” cárcel para infractores del Código Contravencional.

¿Resulta ético que mientras a los municipios les han arrebatado los recursos del fondo de la soja –haciendo imposible la concreción de obras de infraestructura sanitaria, educativa, social y deportiva básicas para responder a las necesidades de las comunidades- hayan intendentes aspirantes a la gobernación que por ser oficialistas han recibido para un solo municipio recursos nacionales y provinciales que exceden ampliamente a los del total de los municipios gobernados por la oposición? ¿Es título legítimo para aspirar a gobernar la provincia tener ese tipo de privilegios, a costa de los vecinos de otros municipios que eligieron ser gobernados por intendentes de otro signo político?

Pienso que no es ético hacer campaña electoral en tales circunstancias, dando la espalda a la gestión que el pueblo ha encomendado mediante el voto popular. Este criterio resulta aplicable a toda la dirigencia política, incluidos por supuesto los peronistas, pero reviste un especial imperativo ético para quienes desde el oficialismo tienen las más altas responsabilidades de gobierno. En nuestro actual rol opositor es nuestro deber  señalarlo y al mismo tiempo asumir que para el Justicialismo la única campaña posible en las actuales circunstancias es aquella que se hace junto a los sectores de la sociedad que la están pasando mal: los trabajadores, los desempleados, los jóvenes que no encuentran trabajo, los productores que ya no pueden producir, los jubilados que son esquilmados con medidas que ponen en riesgo su calidad de vida y en muchas casos la vida misma, los sectores medios que ven como día a día pierden lo que tanto esfuerzo conquistaron.

Pero el oficialismo mendocino no solo está electoralizando la gestión sino que también avanza en una peligrosa utilización de los resortes institucionales para desgastar y descalificar a los opositores, en una campaña creciente de difamación, intento de extorsión y estigmatización. El gobernador Cornejo aplica en Mendoza la “guerra jurídica” en una extendida acción tendiente a conservar el poder y ampliarlo. Las presiones sobre el Poder Judicial son permanentes, las operaciones de denuncias y su instalación mediática no cesan, la utilización de mecanismos institucionales con fines políticos no dejan de producirse. Los destinatarios de tales medidas son dirigentes opositores –especialmente justicialistas-, militantes sociales, dirigentes gremiales y trabajadores del Estado.

No resulta llamativo para quienes venimos advirtiendo sobre el modus operandi del cornejismo que, al mismo tiempo en que el oficialismo activó la campaña electoral de sus precandidatos, lancen un conjunto de operaciones contra figuras de la oposición. El Partido Justicialista ha rechazado este tipo de prácticas tanto en el último Congreso Provincial partidario como desde el Consejo Nacional, las que han sido denunciadas como maniobras persecutorias y estigmatizantes contra el peronismo y otras fuerzas opositoras. En otros momentos me he sumado a la denuncia de situaciones que involucraron la persecución de militantes sociales, de docentes y estudiantes, y hasta de legisladores opositores, las que ratifico totalmente. En esta instancia quiero enfatizar sobre las acciones de difamación y persecución que se están concretando contra dirigentes políticos del justicialismo local. 

El intento del oficialismo de cuestionar el accionar de Omar Félix en su paso por el Directorio de YPF constituye no solo una acción para ensuciar a un dirigente del Justicialismo mendocino sino también el intento de disimular el vaciamiento que el actual gobierno está produciendo en la petrolera nacional. A pesar de que el diputado Félix descalificó detalladamente las denuncias mediáticas disparadas desde una de las fuerzas integrantes de la alianza de gobierno, e incluso intimó a quienes realizaron la infundada denuncia a ratificar o rectificar la denuncia bajo apercibimiento de iniciar acciones legales frente a los agravios sufridos, el oficialismo ha vuelto a la carga nuevamente con una extensísima acción de posicionamiento mediático del tema que merece el más categórico repudio.

Las denuncias anónimas contra intendentes justicialistas por supuestos enriquecimientos ilícitos, que despertaron la celosa persecución del Ministerio Público –protagonizada por la fiscal Gabriela Chaves, conocida por las encendidas defensas a su accionar persecutorio de opositores de parte del gobernador Cornejo y del Procurador Gulle- sin contar con ningún tipo de prueba, contrastan con el urgente archivo de causas contra ex intendentes e  intendentes oficialistas en las que existen denunciantes conocidos y pruebas que el mismo Ministerio Público no considera ni produce. La doble vara de ciertos magistrados resulta más que evidente.

Las operaciones mediáticas que anuncian la persecución judicial contra el intendente Righi y ex directores del Instituto Provincial de la Vivienda por la ejecución del Programa Federal de Integración Comunitaria en la construcción de viviendas por parte de la organización barrial Tupac Amaru no toman en cuenta la decisión del Tribunal de Cuentas que determinó que no existieron irregularidades administrativas ni financieras que pudieran dar lugar a algún tipo de responsabilidad penal del intendente y los otros ex funcionarios. La espectacularidad con la que la fiscal Chaves actuó en allanamientos en la municipalidad de Lavalle y en el IPV, y el trascendido mediático de que volverá a la carga contra esas personas no presenta otra justificación que finalidades político-electorales.

Al mismo tiempo, no parece ser casual la arbitraria exclusión del actual gobernador de Mendoza en la investigación penal que involucra a la ejecución del Programa Federal de Integración Comunitaria por parte de la Organización Barrial Tupac Amaru, llevada adelante por la fiscal Chaves. En efecto, dicha organización concretó la construcción de viviendas sociales en distintos departamentos de la provincia de Mendoza, entre los que se encuentra el municipio de Godoy Cruz que gobernó como intendente el Licenciado Alfredo Cornejo hasta diciembre de 2015. Llama la atención que la fiscal interviniente en los casos denunciados haya excluido de la investigación a ese municipio entre los que la organización investigada llevó adelante el mencionado programa. Es así como la fiscal ha requerido información a todos los municipios en los que la organización barrial Tupac Amaru llevó adelante el programa, con la sola exclusión de la Municipalidad de Godoy Cruz. De tal forma han quedado sin obligación de dar explicaciones el ex intendente Alfredo Cornejo –hoy gobernador de la Provincia-, los ex Directores de Vivienda municipal, Damián Salamone –hoy presidente del Instituto Provincial de la Vivienda- y Néstor Majul –actualmente subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad de Mendoza y hombre “multifunción” en el gobierno de Cornejo-, entre otros. Dichas personas tuvieron intervención administrativa en las operaciones de construcción de viviendas en el departamento de Godoy Cruz bajo la actuación de la Organización Barrial Tupac Amaru, certificando obras, avalando desembolsos, gestionando el otorgamiento de beneficios a la organización para hacer posible el cometido del programa, etc.

No existen constancias de denuncias de dichos funcionarios ni de otros funcionarios de ese municipio de irregularidades ni en la ejecución de las obras ni en el modo de funcionamiento de la organización barrial. Esto resulta especialmente relevante porque, entre otras imputaciones, la fiscalía ha pretendido sostener que la organización barrial Tupac Amaru tenía un accionar extorsivo sobre sus asociados, creador de las condiciones para la realización de actividades en el marco de una supuesta asociación ilícita. No existe ninguna constancia de que la Municipalidad de Godoy Cruz haya establecido condiciones de funcionamiento a esa organización distintas a las que llevaba a cabo en otros municipios de la provincia de Mendoza, ni tampoco que, como hemos sostenido más arriba, se hayan realizado denuncias por parte de las autoridades municipales de un funcionamiento irregular o delictivo.

Al largo listado de acciones persecutorias pueden agregarse otras que resulta necesario se investiguen y aclaren. El reciente robo sufrido por uno de los abogados del estudio jurídico que patrocina a los intendentes justicialistas que han recurrido ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia por la limitación de las reelecciones no deja de sorprender y generar fundadas sospechas. En una operación, que contó con un sofisticado equipamiento, fue quitada la luneta de su auto y sustraída su computadora, sin producción de roturas ni hurto de otros objetos que se encontraban en el vehículo.

Podría seguir mencionando y detallando situaciones de persecución y estigmatización que alcanzan a trabajadores del Estado, docentes, dirigentes gremiales, legisladores y legisladoras, pero todas encierran una misma metodología, los mismos procedimientos, prácticas repudiables que implican la subordinación de fiscales, jueces y funcionarios de organismos de control al esquema de poder del oficialismo. Tales situaciones no se corresponden con el respeto del Estado de derecho y la calidad institucional de los que siempre nos enorgullecimos los mendocinos y mendocinas. El electoralismo en la gestión y las operaciones judiciales y mediáticas ponen en riesgo nuestra democracia y el correcto funcionamiento de las instituciones. Un extendido y sincero compromiso con la eliminación de este tipo de prácticas debería ser el basamento sobre el que se construya la Mendoza del futuro que deseamos.

Guillermo Carmona

Diputado de la Nación Presidente del Partido Justicialista de Mendoza