Dictador a perpetuidad, el caso Nicaragua

por Opinión

Poder, esa necesidad humana donde reina la dualidad de la libertad y la opresión, cuando en busca de saciar ese deseo nos volvemos un poquito […]

Poder, esa necesidad humana donde reina la dualidad de la libertad y la opresión, cuando en busca de saciar ese deseo nos volvemos un poquito más de nosotros mismos revelando lo mejor y  lo peor. Pero, qué pasa cuando esta necesidad predomina sobre las otras, qué pasa cuando creemos que sin esta sensación de omnipotencia dejaremos de ser felices, ¿realmente el poder se vuelve una adicción?, la respuesta es si, y como toda adicción no importa cómo ni a qué precio, no podemos perderlo, tenemos que encontrar la forma de perpetuar esa sensación de plenitud.

La buena noticia es que podemos aseverar que no en todos los casos sucede de la misma manera. Dicen que el poder no cambia a las personas, sólo revela quienes realmente son… reconociendo que no dependerá de cuál sea el grado de poder que se ejerza sino que lo hará exclusivamente de los valores que se tengan, puesto que el poder es inherente al cargo que se ocupa y no a la persona que lo detenta.  

Este mecanismo explica, en cierta medida, lo que en ocasiones advertimos en algunos gobernantes, esa obstinación por eternizarse en aquellos lugares donde creen ser engrandecidos, dejando valores morales y éticos de lado, corrompiéndose sin medir consecuencias con el sólo fin de sentir… poder.

América Latina presenta vastos ejemplos de este tipo de gobernantes eternizados, donde la ruptura del estado de Derecho, del orden constitucional y las instituciones democráticas parece ser una constante. Así podemos mencionar el caso de Cuba donde los Castros han detentado el poder desde el final de la Revolución Cubana en 1959; pero más llamativo aún resultan los casos de Venezuela o Nicaragua, donde los gobernantes llegan al poder de manera democrática y se sostienen, asimismo, por continuos períodos de aparente forma legal.

En el caso particular del actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien comenzó su militancia política uniéndose al Frente Sandinista de Liberación Nacional, partido opositor a la entonces dictadura de Anastasio Somoza.  Ejerció su primer mandato presidencial entre 1985 y 1990, ganó nuevamente las elecciones en 2006 y desde entonces lleva transitados 3 mandatos consecutivos acumulando 15 años a la cabeza del gobierno nacional nicaragüense. Podemos decir entonces que sus comienzos como verdugo anti dinástico de los Somoza anclados en los altos mandos fueron olvidados en el pasado y reemplazados por un deseo personal irrefrenable de continuar dirigiendo el timón.

En busca de su cuarta reelección, Ortega no ha escatimado en realizar todas las reformas políticas que a su consideración fueron necesarias para lograr su próximo objetivo; así como modificar la propia constitución nacional permitiendo su reelección indefinida. Su gobierno ha sido acusado en reiteradas ocasiones de corrupto, violento, autoritario y de graves violaciones a los Derechos Humanos, sin embargo, los nicaragüenses no han logrado de manera democrática un cambio radical en su forma de gestión.

El estallido social en Nicaragua que hoy conmueve a la comunidad internacional y se presenta como un claro levantamiento popular contra el régimen de gobierno, tuvo sus orígenes en abril de 2018 cuando un grupo de pensionados  comenzó una protesta en contra de las reformas al sistema de seguridad social y al aumento de impuestos, protesta que derivó en masivas manifestaciones, dejando en claro el hartazgo de los ciudadanos hacia la dirigencia de Ortega. Las protestas iniciadas en ese entonces fueron producto de años de prácticas estatales dedicadas exclusivamente a coartar las libertades individuales, intimidar y disuadir opositores, cerrar espacios de libre expresión, cooptar instituciones públicas, en fin, concentrar el poder exclusivamente en la figura presidencial y su familia.

Este estallido social que el ejecutivo sandinista cataloga como golpe de estado lleva ya más de tres años encendido y ha dejado una larga lista de violaciones a los derechos por parte del estado nacional.  La represión trajo aparejado cientos de muertos y detenidos, miles de personas exiliadas, persecución y asedio, obstaculización de la justicia e impedimento de manifestaciones populares entre otras cosas.

La Comisión Interamericana de Derechos humanos informó recientemente que se han registrado desde abril de 2018 al menos 1614 personas privadas de su libertad en el contexto de esta crisis, como es el caso de los estudiantes universitarios Lesther Alemán y Max Jerez.  El organismo internacional exhortó al Estado a cumplir con las recomendaciones de su informe entre las que se pueden leer la demanda de “libertad a las personas que hayan sido detenidas en ese contexto o por las protestas o disidencia política, de manera ilegal o arbitraria; y el cese inmediato de las detenciones arbitrarias e ilegales de quienes participan en las protestas o se manifiestan contra el Gobierno” (CIDH Informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos” https://www.corteidh.or.cr)

Han pasado los años y la lucha continúa, la valentía de los nicaragüenses sigue firme frente a los deseos de libertad y una real democracia, mientras se preparan para las próximas elecciones en noviembre del corriente año su demanda de justicia y esperanza de un futuro mejor y en paz no cesa.

La comunidad internacional debería reaccionar frente a esta crisis humanitaria puesto que resulta más que evidente cómo parece replicarse este tipo de modelo populista “democrático” eternizado en el poder en distintos puntos de América Latina, y así como ocurrió en el pasado con la transición democrática, lo que tristemente hoy está en juego es la recomposición de las relaciones entre el Estado y la sociedad. La posibilidad de reconstruir la confianza en los sistemas democráticos frente a la intencionada fragmentación interna, y por sobre todo, no permitir el constante atropello a los derechos de cada uno de los ciudadanos en función del interés personal de un grupo de personas adictas al poder.

Opinión – POR DANIELA MARTÍNEZ TAPIA