Thomas negocia con los intendentes para que usen fondos nacionales en el arreglo de las escuelas

por Redacciones

“El problema es de todos. A todos nos debería desvelar que no se pierda ni un día de clases por problemas de infraestructura escolar” repiten una y […]

“El problema es de todos. A todos nos debería desvelar que no se pierda ni un día de clases por problemas de infraestructura escolar” repiten una y otra vez en Casa de Gobierno. Esa frase es el argumento principal con el que el Gobierno pretende ahora involucrar y convencer a los intendentes para que sean ellos quienes arreglen las escuelas de sus comunas, algo que históricamente debió solucionar la subsecretaría de Infraestructura escolar, que depende del ministerio de Planificación e Infraestructura.

Para eso el titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas ya mantuvo charlas informales con varios jefes comunales contándoles del plan por el cual el Gobierno les pedirá que destinen el 30% de los fondos de coparticipación que reciben por la ley nacional de Financiamiento Educativo en los arreglos que necesiten los edificios escolares de sus comunas. De hecho, algo se les adelantó a principios de diciembre en una reunión que mantuvo el titular de la DGE con el ex ministro de Hacienda Lisandro Nieri y su par de Gobierno, Víctor Ibáñez y los jefes comunales.

Si bien Diario UNO intentó comunicarse con Thomas, todo intento fue infructuoso, ya que el titular de la DGE se ha tomado unos días de licencia.

En esas charlas se habló de cómo los municipios “le pueden dar una mano al Gobierno con el tema de infraestructura” y se dijo que esta colaboración será “paulatina y gradual”, sin embargo, el equipo de ministros de Suarez ya piensa en el decreto reglamentario del artículo 55 del Presupuesto 2022, en donde se fija el monto mínimo aquella colaboración que deberán hacer los intendentes.

En ese apartado se detalla: “En el ejercicio fiscal 2022 los municipios deberán destinar cómo mínimo un 30% de los recursos provenientes de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo a mejorar la inversión en educación, ciencia y tecnología, priorizando la habitabilidad de los establecimientos educativos y el equipamiento mobiliario y educativo”.

Foto: Martín Pravata

“No estamos inventando nada, es algo que se aplica en otras provincias como Córdoba o Buenos Aires. Lo que estamos pidiendo es que los municipios colaboren con la infraestructura escolar, sobretodo en colegios de la periferia a los que ellos tienen mejor acceso por la cercanía e incluso puede que tengan mejor capacidad técnica que la provincia. No estamos delegando responsabilidades, estamos coordinando un esquema de colaboración”, definió el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, que es el responsable de ponerle números a esa colaboración.

En el 2021 Mendoza recibió de la Nación en concepto de la Ley de Financiamiento Educativo poco más de $19.000 millones. De ese monto se coparticipó a las comunas el 18,8% que es lo que está estipulado distribuir por coparticipación. Por tanto las comunas recibieron en total unos $3.570 millones.

Si bien esos fondos dependen de lo que se recaude impositivamente, de asemejarse en los montos y debiendo aportar el 30% de lo que reciben a infraestructura escolar, las comunas podrían colaborar con algo más de $840 millones.

No se trata de sacarles recursos a las comunas, al contrario hoy muchas comunas cumplen con una gran asistencia a los colegios, con arreglos de fachadas, techos, o servicios de control de plagas, pero eso no está coordinado ni explicitado. Lo que pretendemos es que haya un trabajo coordinado de lo que invierte la provincia y lo que invierten las intendencias. Estos son fondos que exclusivamente se deben destinar a las mejoras educativas y por tanto nosotros debemos rendir cuentas a la Nación, pero no tenemos detalles de lo que hacen las comunas, ahora les vamos a pedir que lo expliciten y hagan una rendición de cuentas“, puntualizó Fayad.

Qué obras harían las comunas y cuáles seguirá haciendo el Gobierno provincial

Si el plan del Gobierno avanza y logra el aval de los intendentes, en un futuro cercano ya que el ciclo lectivo comienza el 21 de febrero, las comunas y la subsecretaría de Infraestructura deberán coordinar quién hace tal o cual obra para no pisarse y que la demanda de mejora de una escuela termine en un conflicto de jurisdiscciones.

“La idea es coordinar tareas. Quien va indicar cuál es la necesidad en tal o cual escuela seguirá siendo la DGE y la idea es que las comunas se dediquen al mantenimiento, y que Infraestructura continúe con las remodelaciones y la construcción de escuelas. Entendemos que la comuna puede hacer ese mantenimiento que se puede planificar y que Infraestructura continúe resolviendo las urgencias, que por suerte son pocas”, definió el ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Isgro.

La idea de Isgro es que se pueda avanzar en un trazado de ítems claros y precisos que les permita organizar y dividir la tarea a hacer en los 1.350 edificios escolares que hay actualmente en la provincia.

“Para que no se desordene la mecánica operatoria pretendemos trazar un plan que sea trimestral o semestral, por ejemplo, para que cuando la DGE que es quien tiene el mapa de necesidades nos marque las obras o tareas que se deben hacer, haya una logística armada”, concluyó el ministro de obras.